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La CEOE y Aenor defienden que las políticas de RSC sean voluntarias
Hacia un modelo de RSC avanzado
La certificadora se adelanta a la ISO 26000 y lanzará un sello

ImageLa CEOE y la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor) pidieron la semana pasada que la aplicación de políticas de responsabilidad social en las empresas fuera de carácter libre y voluntario. La petición hace referencia a la inmediata aprobación del real decreto que creará el Consejo Estatal de Responsabilidad de las Empresas, por el que el Gobierno y los actores sociales evaluarán a las compañías.

El principio de libertad de la empresa fue el más defendido en la jornada sobre Gobierno y responsabilidad social de las empresas que se celebró el pasado miércoles. El presidente de RSC de la CEOE, Manuel de Melgar, y el de Aenor, Manuel López Cachero, aseguraron que la 'ley no se puede imponer' y que la adscripción corporativa (RSC) tiene que ser totalmente voluntaria. La aprobación del real decreto que creará el Consejo Estatal de Responsabilidad de las Empresas por el Consejo de Ministros en las próximas semanas hace dudar a alguno de estos organismos sobre el carácter 'libre y voluntario' de adoptar acciones de RSC.

'Es un error esperar que los Gobiernos desarrollen actividades de tipo legal porque ahí se pierde el principio de responsabilidad de las empresas', aclaró en su intervención López Cachero. El presidente de Aenor remarcó la idea de que la RSC no tiene que estar impuesta desde el exterior, 'por muy legitimada que esté desde el punto de vista jurídico'.

En este sentido también se posicionó Manuel de Melgar, que añadió que hay que tener en cuenta que existen pymes que no pueden asumir la RSC de la misma forma que las grandes compañías. El valor añadido que supone cumplir medidas de responsabilidad social es algo que, consideran, tiene que partir del propio empresario y no de un órgano superior.

El Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, que dependerá del Ministerio de Trabajo y empezará a funcionar previsiblemente en la próxima legislatura, definirá las buenas prácticas de las empresas, las fomentará y las evaluará. La semana pasada, el Gobierno contaba, salvo en matices, con la aprobación de todos los actores sociales. A lo largo de estos días, tanto sindicatos como la CEOE debían expresar su impresiones sobre el borrador el Ejecutivo.

 
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